La reciente publicación del Índice de Salarios correspondiente a julio por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) abrió una contundente controversia técnica y política sobre la evolución real de los ingresos familiares. Mientras que el indicador general mostró un incremento interanual del 36,2% frente a un Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 33,8%, el desglose por sectores exhibe que los salarios formales del sector privado no lograron superar la inflación acumulada.
De acuerdo con las cifras oficiales, el salario del sector privado registrado avanzó un 29,7% interanual en julio, quedando 4,1 puntos porcentuales por debajo de la variación de los precios en el mismo período. En tanto, los sueldos del sector público crecieron un 31%. El resultado positivo del índice general obedece principalmente a la suba estimada en el segmento de trabajadores no registrados (+59,9%), un apartado que el INDEC calcula mediante proyecciones de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). La misma tendencia se replicó en el acumulado de los primeros siete meses de 2026: el índice general varió un 21,8% contra un IPC acumulado del 19,3%, pero el segmento privado registrado trepó solo un 17%.
Ante la difusión de los datos, la diputada nacional y economista Julia Strada advirtió sobre las inconsistencias metodológicas en la medición de la inflación. La legisladora remarcó que el IPC mantiene su estructura de ponderaciones referenciada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2004/05. Según planteó, al no reflejar de manera actualizada el mayor impacto relativo que tienen los servicios públicos y las tarifas en la canasta actual de los hogares, se subestima la erosión real sobre el poder de compra de la población.
Asimismo, Strada objetó la caracterización sobre la dinámica del mercado de trabajo, señalando que el incremento en las altas del régimen de monotributo o la proliferación de empleos informales de plataforma no compensan la pérdida neta de puestos asalariados registrados bajo convenio. El debate reaviva la discusión sobre el diseño metodológico de los indicadores de precios, la ponderación del gasto tarifario y las condiciones cualitativas de la ocupación en la coyuntura económica actual.
