En un nuevo e irrefutable revés para la política de ajuste del Poder Ejecutivo, la Justicia Federal intimó al Gobierno nacional a hacer efectiva en un plazo perentorio de cinco días la actualización presupuestaria destinada a las casas de altos estudios, en estricto cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución fue dictada por el juez Martín Cormick, al frente del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien determinó de forma categórica que la administración central desoyó los términos de la medida cautelar vigente. Dicha disposición ordena recomponer de manera inmediata las becas estudiantiles y recomponer los haberes del personal docente y no docente con un incremento base del 33%.
El magistrado desestimó los argumentos del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, al considerar que la documentación aportada resulta insuficiente para probar la solución del conflicto. Ante el persistente incumplimiento, la Justicia advirtió que aplicará sanciones económicas diarias al Estado si no se depositan las partidas fijadas.
El dictamen judicial resonó con fuerza en la provincia de Santa Fe, donde dirigentes y autoridades académicas salieron a cruzar la pasividad oficial. El diputado nacional Esteban Paulon celebró el fallo recordando sus denuncias penales contra altos funcionarios del Gabinete por incumplimiento de deberes de funcionario público, al tiempo que el legislador Diego Giuliano y el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, exigieron que la Casa Rosada acate la medida sin más dilaciones para frenar la asfixia sobre la educación pública.
