El intento del oficialismo por aprobar este jueves el paquete de leyes de seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro naufragó en la Cámara de Diputados de Santa Fe, dejando al descubierto una severa fractura política en la coalición Unidos. Pese a la persistente presión ejercida desde la Casa Gris para acelerar el trámite parlamentario, las desacuerdos internos forzaron la postergación del debate para la próxima semana, exponiendo la falta de consensos en una temática crítica para la provincia.
El cortocircuito político se trasladó de forma directa al recinto, donde representantes del radicalismo criticaron la parálisis legislativa califica de irresponsable el retraso en la entrega de herramientas operativas para el Ejecutivo provincial. Desde la vereda socialista, en tanto, reivindicaron la autonomía de la Cámara baja y exigieron tiempo para revisar aspectos sustanciales del proyecto, advirtiendo sobre posibles excesos constitucionales en materia de allanamientos, atribuciones policiales y garantías procesales durante las investigaciones.
El bloque opositor no tardó en señalar el empantanamiento de una discusión que se arrastra desde mayo, cuestionando que la agenda institucional quede subordinada a los alineamientos internos de la alianza gobernante. Si bien la jornada no concluyó en un bloqueo total —al haberse aprobado normativas secundarias vinculadas al mercado ilegal de telefonía y la asistencia legal a las fuerzas de seguridad—, la falta de acuerdo en el eje central de la reforma reabre el debate sobre la capacidad del Gobierno para consolidar mayorías operativas en la provincia.
