El desempeño del comercio exterior argentino en el rubro agroindustrial durante las últimas tres décadas dejó al descubierto las severas consecuencias de la presión tributaria acumulada. Entre 1995 y 2025, mientras las ventas externas argentinas se multiplicaron apenas 3,4 veces, los envíos de Brasil crecieron 8,4 veces, los de Paraguay 7,5 y los de Uruguay 6,8. Un informe elaborado por el analista Juan Manuel Garzón, del Ieral/Fundación Mediterránea, precisa que este estancamiento relativo redujo la participación del país en el mercado mundial del 1,81% al 1,65%. Las proyecciones indican que, de haber acompañado la trayectoria de sus vecinos, las exportaciones agroindustriales argentinas en 2025 habrían alcanzado entre 99.000 y 122.000 millones de dólares, muy por encima de los 50.480 millones efectivamente registrados.
Presión fiscal e inestabilidad: el lastre sobre la oferta exportable
El diagnóstico técnico atribuye el rezago competitivo a un esquema sistemático de políticas que desincentivaron la inversión privada y ahogaron la capacidad productiva. La vigencia ininterrumpida de los derechos de exportación —fijados originalmente con carácter provisorio en 2002—, sumada a impuestos distorsivos como Ingresos Brutos y el gravamen a los débitos bancarios, restringió drásticamente la rentabilidad del campo. Proyecciones alternativas de la Bolsa de Comercio de Rosario señalan que la sola eliminación de las retenciones en los seis cultivos principales aportaría unos 18.500 millones de dólares adicionales hacia 2036, dinamizando la recaudación posterior a través de impuestos directos como Ganancias por mayor actividad económica.
La controversia por el RIGI y la discusión presupuestaria de cara a 2027
El debate sobre la carga tributaria se traslada ahora al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), sobre el cual existen posturas contrapuestas respecto a su impacto fiscal. Mientras análisis privados estiman un costo tributario cercano a los 8.500 millones de dólares a valor presente para los proyectos aprobados, desde el Poder Ejecutivo nacional defienden la medida sosteniendo que incentiva desembolsos que de otro modo no se realizarían. Paralelamente, sectores de la oposición parlamentaria condicionan el debate del Presupuesto 2027 a la inclusión de rebajas impositivas concretas para las economías regionales y esquemas que garanticen la participación de la industria nacional.
