La entrada en vigencia en enero de la normativa ambiental de la Unión Europea para la importación de harina de soja desató una fuerte distorsión en la comercialización de granos en la región. Las grandes multinacionales exportadoras pretendieron exigir de forma unilateral la entrega exclusiva de grano certificado, trabando las operaciones de productores e intermediarios. La medida generó un inmediato malestar entre vendedores y corredores, quienes denunciaron un uso arbitrario de estos requerimientos como barreras para-arancelarias y una brecha impositiva e informal en los precios que castiga la rentabilidad del eslabón primario.
Ante la parálisis del comercio y la distorsión en las cotizaciones internas, el Centro de Corredores de Rosario convocó a una reunión de urgencia en la Bolsa de Comercio de Rosario con la participación de acopios, cooperativas y ejecutivos de las firmas exportadoras. En el encuentro, las agroexportadoras justificaron su postura en la necesidad de acopiar grano con trazabilidad para cumplir con los embarques hacia fin de año. Sin embargo, tras el reclamo corporativo de los sectores de la cadena, la mayoría de los traders cedió y aceptó reactivar las compras de soja convencional, con la excepción de firmas como Dreyfus, que mantendrán la exigencia restrictiva a partir de octubre.
El desenlace de las negociaciones consolida el surgimiento de un esquema de precios diferenciados en el mercado local, donde la «soja EUDR» (con certificación ambiental europea) cotizará con una prima superior frente al poroto tradicional. Si bien las multinacionales recordaron la vigencia de plataformas de trazabilidad como Visec, los productores advirtieron sobre los elevados costos de las certificadoras privadas en un escenario de márgenes ajustados. El conflicto marca el inicio de un ecosistema comercial segmentado donde la presión de los compradores internacionales tensionará de manera permanente el flujo de divisas y la comercialización en el puerto rosarino.
