La proliferación de desarrollos urbanísticos comercializados sin las habilitaciones correspondientes reabrió un intenso debate sobre la desregulación y la falta de controles efectivos en el mercado inmobiliario santafesino. Frente a repetidos casos de compradores engañados que no pueden tomar posesión de sus lotes por falta de factibilidad hídrica, ausencia de infraestructura básica o carencia de servicios esenciales —como las denuncias formuladas contra el Grupo Roma en el Gran Rosario—, ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para transparentar la situación administrativa de cada loteo en la provincia.
La iniciativa, impulsada por la diputada provincial Lionela Cattalini, propone la creación del Sistema de Información de Desarrollos Urbanísticos (SIDU), una plataforma digital de acceso público, gratuito e interoperable con los municipios. El esquema contempla que cada proyecto cuente con una «Ficha Única de Desarrollo Urbanístico» (FUDU), donde se consignen las aprobaciones obtenidas, los trámites hídricos y ambientales, las factibilidades de luz y saneamiento, y las eventuales sanciones o clausuras administrativas dispuestas por el Estado provincial.
El proyecto pone al descubierto una problemática recurrente en la economía real: el desamparo de las familias e inversores que destinan sus ahorros a la compra de terrenos basándose únicamente en folletería publicitaria. Aunque la propuesta busca coordinar la información existente entre las distintas jurisdicciones para prevenir maniobras fraudulentas, el trasfondo evidencia cómo la lentitud burocrática y los vacíos de fiscalización estatal han permitido que desarrolladoras inescrupulosas operen al margen de la ley a costa de los consumidores.
