El presidente Javier Milei confirmó el envío al Congreso de un proyecto de ley para penalizar a empresas que presten servicios o exploten recursos sin autorización argentina en la cuenca de las Islas Malvinas, calificando de «ilegítimo» al gobierno colonial británico en el archipiélago. La iniciativa busca prohibir las contrataciones estatales y privadas en el país a las firmas vinculadas con la explotación ilegal y prevé apoyarse en la atracción del yacimiento Vaca Muerta para forzar a los jugadores internacionales a definir sus inversiones en territorio soberano.
El anuncio incluyó el inicio de procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas físicas, además de una denuncia penal vinculada al proyecto petrolero Sea Lion por operar bajo licencias británicas. En el plano estratégico, el Ejecutivo ratificó la reasignación de partidas presupuestarias para la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y el refuerzo en telecomunicaciones, planteando la necesidad de sostener la soberanía nacional a partir del crecimiento económico y el equipamiento de la defensa.
La postura argentina provocó una inmediata reacción política en Londres. Durante su comparecencia ante la Cámara de los Comunes, el primer ministro británico, Andy Burnham, prometió una respuesta «implacable» para sostener el dominio colonial sobre las islas, en un contexto marcado por las presiones de la Casa Blanca sobre el apoyo internacional al Reino Unido y las denuncias penales impetradas por el país.
