Un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación fue el escenario donde la provincia de Santa Fe expuso sin filtros el impacto de la morosidad y el sobreendeudamiento en la población. La diputada provincial socialista Gisel Mahmud presentó un crudo diagnóstico de la situación provincial y exigió una intervención estatal urgente ante lo que definió como un problema estructural generado por salarios deprimidos y tasas financieras desreguladas.
Acompañada por las iniciativas de los legisladores nacionales Pablo Farías y Esteban Paulón, Mahmud fundamentó su exposición con cifras alarmantes presentadas ante especialistas del CEPA, CIFRA y cámaras bancarias: más del 50% de la población mantiene deudas activas para cubrir gastos cotidianos o saldar otros compromisos, mientras que la morosidad en proveedores no financieros —billeteras virtuales, mutuales y tarjetas comerciales— escaló al 32,2%.
Frente a esta coyuntura, la legisladora impulsó en la provincia un Código de Protección a las Personas Consumidoras, sustentado en la reciente reforma constitucional santafesina. El proyecto busca instaurar el principio de «Préstamo Responsable» para obligar a las entidades a evaluar la capacidad real de pago del cliente antes de otorgar crédito, y propone un Servicio Extrajudicial de Saneamiento que permita renegociar deudas en forma gratuita y sin intereses abusivos.
Durante su intervención, Mahmud remarcó la necesidad de que el Congreso Nacional dicte leyes de fondo que repliquen iniciativas locales como el Plan de Protección de Ingresos santafesino. Desde la representación provincial enfatizaron que el crédito debe dejar de ser una trampa de subsistencia diaria y volver a ser una herramienta de desarrollo productivo bajo reglas claras de control estatal.
