El gobierno de coalición encabezado por Pedro Sánchez aprobó este martes un paquete de medidas de emergencia denominado «Decreto Maricarmen», destinado a congelar los desalojos hasta 2030 y renovar de forma automática los contratos de alquiler vigentes. La decisión oficial se produce como respuesta directa a la creciente ola de movilizaciones sociales y acampadas masivas en la Puerta del Sol de Madrid, desencadenadas tras el violento desalojo de una jubilada de 87 años y la escalada descontrolada en los precios de los arrendamientos urbanos.
La iniciativa gubernamental contempla prorrogar los contratos de alquiler hasta fines de 2028, regular la modalidad de alquileres temporarios y por habitaciones, e intervenir en el mercado inmobiliario mediante la prohibición expresa de venta de inmuebles a fondos especulativos. Desde la administración central defendieron la urgencia del decreto como un paso clave para frenar la especulación, mientras que la oposición liderada por el Partido Popular criticó duramente la medida argumentando que distorsiona el mercado habitacional y anticipó su rechazo en la votación parlamentaria.
La crisis del sector habitacional en España expone un desequilibrio estructural marcado por un déficit de más de 750.000 viviendas y valores de alquiler que absorben casi la totalidad del salario medio. La falta de acceso a la propiedad, sumada al avance de los alquileres turísticos y a la finalización de las protecciones extraordinarias aprobadas durante la pandemia, empujó a los sindicatos de inquilinos a exigir regulaciones de fondo similares a las vigentes en otros países europeos para evitar un colapso social masivo.
