La crisis financiera que atraviesa el PAMI dejó de ser únicamente un conflicto administrativo para convertirse en un problema macroeconómico de impacto regional. Con una deuda acumulada con clínicas, sanatorios y farmacias que roza los 500.000 millones de pesos, el recorte en las partidas presupuestarias del organismo nacional genera un efecto dominó que presiona directamente las arcas de las provincias.
De acuerdo con relevamientos del sector, la caída de las prestaciones del PAMI supera el 40% en lo que va del año. Esta retracción en la cobertura obliga a los sistemas de salud pública provinciales a absorber la atención de los afiliados sin recibir transferencias ni compensaciones del Tesoro Nacional. En provincias de la región centro como Santa Fe, el sistema público ya absorbe el 25% de la demanda cubierta por la obra social de los jubilados, mientras que la Nación registra reducciones superiores al 60% en las partidas destinadas a salud provincial.
Impacto en la cadena de pago y prestadores
El desfasaje financiero golpea en dos frentes del sector privado y estatal:
- Subejecución de fondos: A pesar de las asignaciones de Letras del Tesoro destinadas a sanear compromisos, el nivel de ejecución efectiva para saldar deudas ronda el 40%, extendiendo los plazos de cobro de los sanatorios.
- Sobrecarga presupuestaria provincial: Los gobiernos locales deben financiar internaciones y tratamientos de alta complejidad sin financiamiento nacional, tensionando sus propios esquemas de gasto.
- Precarización de la cadena médica: Los atrasos en los pagos a farmacias y prestadores médicos restringen la oferta de medicamentos y prótesis, paralizando la actividad privada vinculada al sector sanitario.
El descalce entre la recaudación del organismo y sus compromisos devengados coloca a la gestión presupuestaria del PAMI en la mira de economistas y contadores públicos, quienes advierten sobre los riesgos de sostener el equilibrio fiscal a costa del endeudamiento con el circuito prestador regional.
