Una multitudinaria ola de protestas estudiantiles paralizó la educación secundaria en Francia, derivando en duros enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Con bloqueos en accesos, quema de contenedores e intervenciones policiales mediante camiones lanza-agua, más de 400 liceos debieron suspender sus actividades en todo el país. El conflicto, iniciado en la región de París, se propagó rápidamente a ciudades como Rennes y Marsella en reclamo por jornadas lectivas extenuantes, infraestructura edilicia deficiente y la falta estructural de docentes suplentes.
Las demandas estudiantiles exponen el profundo deterioro del sistema educativo público en un contexto de severos recortes del gasto estatal impulsados por el Poder Ejecutivo francés para contener la deuda soberana. Mientras los alumnos denuncian condiciones extremas en las aulas y una excesiva carga horaria, la respuesta oficial combinó el despliegue policial con amenazas judiciales: las autoridades reportaron cerca de 2.000 detenciones —en su gran mayoría menores de edad— y confirmaron más de 500 heridos entre efectivos, personal docente y estudiantes.
En lugar de atender el reclamo social, el Gobierno francés endureció su postura responsabilizando a las familias por los daños materiales e imputando el conflicto a la oposición política, en vísperas del escenario electoral. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, instó a los fiscales a exigir reparaciones económicas a los padres de los menores aprehendidos, mientras que las organizaciones estudiantiles ratificaron la convocatoria a una huelga nacional masiva para la próxima semana, profundizando la crisis institucional.
