La disputa por la legalización de las aplicaciones de transporte en Rosario sumó un nuevo capítulo de alto voltaje político. El Ejecutivo provincial, a través del secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Seguridad, Federico Angelini, irrumpió con fuerza en la discusión para respaldar el proyecto impulsado por el municipio y cuestionar la actitud de los bloques opositores en el Concejo Deliberante. En una jugada que combina el posicionamiento del funcionario como precandidato a la intendencia con la agenda de la gestión de Maximiliano Pullaro, Angelini apuntó contra los ediles de La Libertad Avanza por oponerse al debate, tildando su postura de incoherente frente a las banderas del libre mercado.
En declaraciones radiales, el funcionario provincial cargó contra las mezquindades del cuerpo deliberativo rosarino y denunció que las trabas obedecen a disputas de ego y especulaciones electorales sobre quién se adjudica el crédito del proyecto. Angelini cuestionó duramente que sectores opositores pretendan frenar una demanda ciudadana consolidada por el simple hecho de que la iniciativa proviene del Palacio de los Leones. «La política está cinco años atrasada; los rosarinos ya adoptaron a Uber y a Didi mientras los concejales solo están mirando a quién le queda la cucarda», enfatizó el dirigente santafesino.
Más allá del contrapunto ideológico, el Ejecutivo provincial fundamentó su postura en razones de seguridad pública, materia central de la gestión Pullaro. Según Angelini, la clandestinidad forzada por la falta de un marco regulatorio expone a usuarios y choferes a maniobras de ocultamiento frente a los controles municipales, como sentarse en el asiento delantero o fingir parentescos. La regularización de las plataformas permitiría Blanquear el servicio, identificar a los prestadores y ordenar la circulación urbana en un distrito fuertemente castigado por el delito, transformando un conflicto de transporte en una decisión clave para el control estatal del territorio.
