El incremento sostenido en el costo de vida y la expansión del financiamiento digital sin controles estrictos pusieron en el centro de la escena política el sobreendeudamiento de los hogares en Santa Fe. Durante una jornada de debate llevada a cabo en la Cámara de Diputados provincial, especialistas y legisladores analizaron las causas de una problemática social y económica en aumento, donde las familias recurren al crédito no para adquirir bienes durables o capitalizar patrimonio, sino para afrontar la canasta de alimentos, pagar servicios esenciales o saldar resúmenes de tarjetas de crédito.
La actividad fue impulsada por la diputada provincial Gisel Mahmud, autora de una iniciativa para crear el Código de Protección de Consumidores y Usuarios en la provincia. La legisladora advirtió sobre la proliferación de préstamos otorgados por empresas fintech y billeteras virtuales a través de gestiones digitales inmediatas que omiten evaluar la capacidad real de pago del solicitante. Esta facilidad de acceso, señalaron en el encuentro, desencadena una espiral de sobreendeudamiento que empuja a los usuarios a contraer nuevos compromisos financieros formales e informales para intentar cancelar pasivos previos.
Desde el análisis macroeconómico, referentes de la Fundación Fundar e instituciones de defensa del consumidor advirtieron que la suba de la morosidad familiar trasciende la esfera privada e impacta en la economía general. El aumento de los incumplimientos presiona al alza las tasas de interés y retrae el consumo de bienes y servicios en el comercio local. Ante esta coyuntura, reclamaron incluir el principio de «crédito responsable», regular la publicidad abusiva y establecer mecanismos de reestructuración de deudas para contener el colapso financiero en los sectores más vulnerables de la provincia.
