A seis meses del trágico antecedente que conmovió a la provincia, un nuevo hecho reabre las alarmas institucionales en San Cristóbal. La viralización de la foto de un alumno exhibiendo un arma de fuego desencadenó la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI) y el secuestro de un revólver calibre 22, dejando al descubierto la persistente fragilidad en materia de prevención y seguridad escolar.
El clima de tensión se reinstaló este miércoles tras la alerta dada por las autoridades del establecimiento. Una alumna advirtió en un canal de difusión de WhatsApp la imagen de un compañero de 16 años empuñando un arma. Frente al hallazgo, la institución activó la denuncia ante el 911, desencadenando la apertura de una causa por intimidación pública y las correspondientes actuaciones policiales para establecer el alcance del riesgo.
Las medidas judiciales e investigativas derivaron en el análisis del entorno del menor y la incautación de dispositivos tecnológicos. La inspección continuó en la vivienda de un familiar, donde se entregó de forma voluntaria un revólver calibre 22 sin municiones. Mientras el adolescente permanece bajo investigación formal, el adulto responsable del inmueble fue imputado en libertad por tenencia indebida de arma de fuego.
Este nuevo episodio golpea a una comunidad que todavía intenta asimilar las secuelas del fatídico ataque del 30 de marzo, cuando un hecho armado dentro del colegio se cobró la vida de un estudiante de 13 años e hirió a otros alumnos. A medio año de aquella tragedia, el caso expone la urgencia de respuestas de fondo por parte del Estado, antes de que la inseguridad en los entornos educativos se transforme en una realidad naturalizada.
