La discusión en torno al paquete de reformas en materia de seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro ingresó en una fase crítica dentro del frente Unidos. A pesar de contar con mayoría en ambas cámaras legislativas, el proyecto impulsado desde la Casa Gris no ha logrado consenso pleno debido a los severos reparos expresados por el bloque socialista respecto a las atribuciones de las fuerzas de seguridad y el régimen procesal penal.
En las últimas horas, la bancada radical acercó una contrapropuesta formulada junto al ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, orientada a destrabar el tratamiento del expediente. Las modificaciones en debate abarcan la delimitación de las facultades policiales en interrogatorios y zonas de intervención especial, otorgando mayor injerencia al Poder Legislativo, además de revisiones sobre la aplicación del procedimiento por decreto penal y la protección de garantías individuales en la investigación de delitos.
Desde el Ejecutivo provincial urgieron la pronta sanción de la normativa, advirtiendo que la agilización de las herramientas judiciales resulta indispensable para combatir la criminalidad organizada. Con las comisiones de Seguridad y Asuntos Constitucionales buscando definir dictámenes, la negociación promete extenderse hasta el límite de la sesión prevista para este jueves, donde se pondrá a prueba la cohesión política del oficialismo santafesino.
