El sistema judicial de los Estados Unidos fijó para el 5 de junio de 2028 el inicio del juicio militar contra Khalid Sheikh Mohammed, señalado como el ejecutor y cerebro logístico de los atentados del 11 de septiembre de 2001. La decisión llega tras un cuarto de siglo de postergaciones, atascada en los controvertidos procedimientos de la base militar de Guantánamo y las violaciones a los derechos humanos cometidas por los servicios de inteligencia norteamericanos.
Mohammed, arrestado en Pakistán en 2003 y considerado el último alto mando con vida de Al Qaeda, permaneció años recluido en las denominadas «cárceles clandestinas» de la CIA. Durante ese período fue sometido a métodos sistemáticos de tortura —incluidos simulacros de ahogamiento y privación del sueño—, un factor que terminó por dinamitar el andamiaje probatorio de la fiscalía. Recientemente, la justicia militar estadounidense invalidó todas sus confesiones por haber sido obtenidas bajo coacción y sin las garantías procesales mínimas, obligando al tribunal a basar la acusación únicamente en documentos e inteligencia de la época.
El proceso contra el acusado —quien se enfrenta a la pena de muerte por la muerte de casi 3.000 personas— expone el severo fracaso institucional de Washington para juzgar crímenes de guerra sin vulnerar el derecho internacional. La dilación de casi tres décadas no solo ha dejado al descubierto los excesos de la «Guerra contra el Terrorismo», sino que posterga de manera indefinida la demanda de justicia para las víctimas y sus familias
