En un movimiento que expone la fragilidad de sus consensos y las tensiones dentro de su agenda legislativa, La Libertad Avanza tuvo que dar un giro estratégico en la Cámara de Diputados. Ante el riesgo inminente de que la oposición avance con la derogación definitiva del megadecreto 70/23, el Ejecutivo aceptó convocar a un plenario de comisiones para debatir límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, dando marcha atrás con la desregulación total que había promovido originalmente.
La maniobra parlamentaria surge tras el cimbronazo político provocado por la Corte Suprema de Justicia al desestimar por cuestiones formales la demanda del CECIM La Plata contra la derogación de la Ley de Tierras. Al quedar expuesta la posibilidad de que capitales foráneos adquieran grandes extensiones de territorio sin controles estatales, los bloques opositores aceleraron los pedidos de sesión para dar de baja el DNU en la Cámara Baja, obligando al oficialismo a articular concesiones de último momento para evitar una derrota decisiva.
El debate se encauzará a través del proyecto de «Inviolabilidad de la propiedad privada» en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Con esta movida, el Gobierno busca desalentar el quórum de la sesión opositora y ofrecer a las provincias un marco normativo que contenga la entrega de recursos naturales, evidenciando las contradicciones de un discurso libertario que debe negociar la soberanía territorial a cambio de gobernabilidad.
