En medio de la creciente tensión entre la comunidad académica y el Poder Ejecutivo Nacional, la Justicia federal resolvió intimar al Gobierno para que aplique de forma inmediata la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución judicial fija un plazo estricto para dar cumplimiento a la medida cautelar que ordena la recomposición de los ingresos docentes y no docentes, así como la actualización de los fondos destinados a las becas estudiantiles.
El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, precisó que la aplicación efectiva de los artículos 5 y 6 de la norma implica una recomposición salarial pendiente superior al 30%, calculada sobre el desfasaje acumulado frente a la inflación desde diciembre de 2023. El fallo, firmado por el juez federal Martín Cormick y ratificado en instancias superiores, apercibe al Estado nacional con la aplicación de multas diarias en caso de persistir en el incumplimiento.
Asimismo, la intimación alcanza a los programas de ayuda estudiantil, tales como las becas Progresar, Manuel Belgrano y de Enfermería, cuyos montos se encuentran congelados y registran un retraso porcentual superior al de los haberes del personal universitario. Bartolacci advirtió que las decisiones que adopte la administración central en las próximas horas serán determinantes para definir la continuidad del calendario académico, el alcance de las medidas de fuerza gremiales y la movilización nacional convocada para el mes de octubre.
El escenario expone una bisagra en el conflicto universitario, trasladando el eje de la discusión desde las declaraciones públicas hacia el estricto cumplimiento de los fallos judiciales. Frente al vencimiento de los plazos legales, la respuesta del Ministerio de Economía fijará el rumbo de la paritaria del sector y la estabilidad de las casas de altos estudios en todo el país.
