Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) puso bajo la lupa los límites entre el cultivo legal y el comercio clandestino de estupefacientes en el norte de Santa Fe. La investigación cobró impulso inicial tras la interceptación de un vehículo sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del ex peaje de Videla, donde un sujeto de 28 años fue aprehendido al hallarse en el baúl del rodado valijas con bolsas repletas de flores de cannabis en tránsito irregular. Las actuaciones judiciales posteriores permitieron establecer que el implicado ocupa el cargo de secretario en la Asociación Civil CANNABRIGO. Este vínculo derivó de inmediato en una serie de órdenes de allanamiento sobre diversos inmuebles en la localidad de Malabrigo, con el objetivo de determinar el alcance de las operaciones y la trazabilidad de la sustancia interceptada.
Los procedimientos simultáneos arrojaron resultados de significativa magnitud para la causa. Las autoridades lograron el secuestro de 648 plantas de marihuana, 336 gajos y más de 3,3 kilos de flores procesadas, junto con insumos de fraccionamiento, balanzas de precisión, aceites y derivados. El hallazgo evidencia un esquema de producción a gran escala que excede ampliamente los márgenes de un consumo individual o terapéutico no registrado. Sumado al material vegetal, el personal policial incautó documentación vinculada al registro oficial REPROCANN, dispositivos electrónicos de almacenamiento y sumas elevadas de dinero en efectivo que alcanzan casi 5 millones de pesos argentinos, además de divisas en dólares y guaraníes. En el marco de estas diligencias, en un domicilio de calle 25 de Mayo al 1400 se concretó la detención de una mujer de 35 años, identificada como vocal suplente de la misma entidad civil.
Bajo las directivas de la fiscal Daniela Montegrosso, la investigación ingresó en una etapa clave para determinar si la estructura jurídica de la asociación civil y las habilitaciones estatales eran utilizadas como una cobertura legal para abastecer circuitos de microtráfico en la región. La hipótesis de la Fiscalía apunta a desarticular posibles maniobras de desvío comercial amparadas en normativas de salud pública. El caso reactiva el debate en la provincia de Santa Fe sobre los mecanismos de fiscalización estatal a las organizaciones no gubernamentales dedicadas al cultivo de cannabis. Mientras las actuaciones continúan, ambos imputados permanecen a disposición de la Justicia imputados por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.
