La Asamblea Legislativa de Santa Fe resolvió este jueves destituir de manera definitiva a Diego Gustavo Rodríguez y Barros de su cargo como fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación (MPA). En una sesión conjunta de ambas cámaras y tras aprobar de forma unánime el dictamen emitido por la Comisión de Acuerdos, el Poder Legislativo puso fin a la permanencia del funcionario en el organismo judicial.
El dictamen, informado por el senador Joaquín Gramajo y sustentado en la acusación llevada adelante por el diputado Marcos Corach, detalló un entramado de faltas graves que derivaron en la pérdida de la idoneidad ética requerida para ejercer la función pública. Rodríguez y Barros, quien ya se encontraba suspendido preventivamente desde julio del año pasado, sumaba en su contra denuncias por presunta estafa a una compañía aseguradora, uso indebido de los sistemas informáticos confidenciales de la Justicia, hostigamiento laboral y violencia de género dentro de la Unidad Fiscal de San Jorge.
La investigación disciplinaria se desencadenó a partir de una denuncia presentada por una empresa aseguradora, luego de que el ex fiscal simulara el robo de dos ruedas de su vehículo personal para cobrar la indemnización, cuando en realidad se había tratado de un daño accidental previamente comentado a empleados del propio Ministerio Público. A este hecho se sumó el ingreso no autorizado al sistema judicial Heimdall para intervenir de forma directa en un legajo a cargo de otro funcionario, actuando como acusador en una causa en la que mantenía un interés particular.
La resolución aprobada por senadores y diputados concluyó que las conductas del encartado no solo constituyeron faltas individuales, sino que afectaron gravemente el funcionamiento institucional y el principio de objetividad que rige al MPA. La votación no registró votos en contra, computándose únicamente cuatro abstenciones por razones de excusación formal.
