Una nueva maniobra de especulación política volvió a paralizar el Congreso de la Nación y a exponer la subordinación de la clase dirigente frente al Poder Ejecutivo. La sesión legislativa destinada a derogar el controversial DNU 70/23 fracasó rotundamente por falta de quórum, luego de que el oficialismo desplegara una intensa red de negociaciones, promesas e intercambios de favores con gobernadores aliados. El vaciamiento del recinto dejó al descubierto cómo los intereses corporativos y las concesiones de coyuntura prevalecen sobre el debate democrático de las leyes que regulan la economía argentina.
El naufragio de la convocatoria opositora se consumó con un tablero de apenas 121 legisladores, dejando al descubierto ausencias estratégicas de alto impacto político. Entre los faltazos clave para blindar el mega decreto figuraron los diputados santafesinos Gisela Scaglia y José Nuñez, alineados de forma directa con el gobernador Maximiliano Pullaro, junto a representantes de Córdoba, Misiones, Salta, Chubut, Tucumán y Jujuy. Esta nómina de deserciones confirmó las transacciones tras bambalinas que el Gobierno nacional tejió para evitar el tratamiento del DNU, la emergencia en discapacidad y las iniciativas de regulación de la deuda pública.
La estrategia del oficialismo no solo combinó el reparto de promesas de inversión y concesiones normativas a las provincias, sino también el aprovechamiento de un repentino giro cautelar en el Poder Judicial respecto a la Ley de Tierras. Al neutralizar transitoriamente el rechazo social a la extranjerización mediante maniobras judiciales y dictámenes de compromiso, el Poder Ejecutivo logró desmovilizar a los bloques aliados y mantener vigente un marco legal que desregula áreas sensibles de la economía. Mientras la dirigencia dilata definiciones estructurales, la ciudadanía continúa pagando las consecuencias de un sistema institucional sometido al cálculo político.
