Una grave denuncia penal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) volvió a poner al descubierto la severa contradicción oficial en el manejo de los recursos estratégicos de la Nación. La Justicia federal investiga a la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, a su antecesor Eduardo Rodríguez Chirillo, al subsecretario de Hidrocarburos Horacio Veller y a Harbour Energy Argentina por los presuntos delitos de cohecho, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública, en una causa radicada en el Juzgado Federal 11 a cargo del juez Ariel Lijo.
El foco del expediente apunta a los beneficios otorgados mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) al proyecto de licuefacción Southern Energy, donde Harbour controla el 15% del paquete accionario. El dato alarmante es que la firma británica heredó los activos de Premier Oil, compañía sancionada por la ley argentina 26.659 tras haber explotado hidrocarburos ilegalmente en la plataforma continental cercana a las Islas Malvinas. Pese a este antecedente directo, el Ministerio de Economía aprobó su inclusión en el RIGI en abril de 2025, habilitando paralelamente la libre exportación de GNL.
La causa salpica de lleno al Gobierno nacional justo cuando la delegación oficial se encuentra en Europa promocionando al RIGI ante inversores extranjeros, exponiendo un doble discurso institucional: mientras se anuncian arbitrajes e intimaciones diplomáticas contra la explotación ilegal en Malvinas, por vía administrativa se convalidan ventajas tributarias y cambiarias a las mismas empresas salpicadas. En paralelo, en la Cámara de Diputados avanza una iniciativa legal para derogar las sanciones vigentes, lo que para diversos sectores parlamentarios representa una autoamnistía encubierta para habilitar el desembarco del capital anglo-sajón.
