Un contundente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado con datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), expuso la gravedad de la crisis que atraviesa el entramado productivo: entre noviembre de 2023 y junio de 2026 se registraron las bajas de 31.342 empleadores y la destrucción de 434.126 puestos de trabajo formales. La cifra implica la sangría diaria de 33 empresas que bajan sus persianas y 460 empleos perdidos por jornada en todo el país.
El escenario encendió las alarmas de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Su presidente, Ricardo Diab, señaló que el derrumbe de las PYMES está atado de manera directa a la retracción implacable del consumo y a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Según los registros de la entidad, las ventas minoristas acumulan una baja del 2,4% en lo que va del año, consolidando un ciclo de parálisis comercial que acorrala a las economías regionales y locales.
Tarifazos, importaciones y falta de crédito: el cerco sobre el sector privado
El titular de la CAME cuestionó la falta de herramientas oficiales para sostener a las pequeñas estructuras productivas, que no cuentan con margen para migrar sus capitales ni soportar indefinidamente la recesión:
- Disparidad de costos: Los incrementos en tarifas de energía, combustibles y servicios crecen por encima de los índices generales de inflación, encareciendo los costos fijos de producción.
- Competencia importada: La apertura irrestricta de productos extranjeros —particularmente de origen chino— somete a la industria nacional a competir en condiciones de desigualdad estructural frente a estados que subsidian sus economías.
- Fuga del consumo digital: El comercio virtual abarca el 20% del mercado, pero una porción creciente de compras se canaliza hacia proveedores externos, sustrayendo liquidez del circuito económico local.
- Falta de crédito e incentivos: El acceso al financiamiento se mantiene cerrado y no existen programas de reactivación de la demanda.
La distancia del Estado y la dura realidad de las calles
Desde la conducción de CAME lamentaron la falta de apertura del Poder Ejecutivo para revisar el rumbo económico y atender las propuestas de más de 1.500 entidades empresarias. «Tenemos un Estado al que no le interesa tratar nada de lo que no se haya discutido previamente o que ya haya decidido aplicar», sentenció Diab.
Retomando la metáfora oficial sobre las medidas económicas aplicadas a un país «enfermo», el dirigente empresarial fue categórico respecto al costo social del programa: «Ese remedio tiene acciones colaterales: dolor de cabeza, náuseas y mareos. Quienes caminan la calle ven la realidad diaria: baja del consumo, comercios vacíos y gente buscando un empleo que no se consigue».
