El Gobierno de Santa Fe presenta este lunes los pliegos para licitar la concesión de 5,3 hectáreas del predio portuario El Mangrullo, una franja estratégica de la zona sur rosarina que cuenta con 540 metros de costa sobre el río Paraná y el arroyo Saladillo. La iniciativa provincial promete transformar el sector mediante un polo logístico, náutico y comercial adjudicado a privados por un plazo de diez años prorrogables. Sin embargo, la cesión de estos terrenos estatales vuelve a exponer las prioridades de la gestión política, que vuelca sus esfuerzos en facilitar negocios empresariales mientras posterga las demandas de infraestructura básica de una comunidad históricamente relegada.
A pesar de que el anuncio oficial intenta matizar la entrega de tierras públicas reservando un espacio de apenas 3.000 metros cuadrados para uso público, los vecinos del barrio manifiestan una profunda preocupación frente al avance del proyecto. En las recorridas preliminares realizadas por las autoridades, la población local exigió garantías de que no habrá desalojos y remarcó la paradoja de avanzar con concesiones de alto impacto comercial en una zona que padece carencias elementales como la falta de agua potable, iluminación, cloacas y mantenimiento de calles. La desconfianza vecinal refleja el temor de que la inversión privada termine profundizando la segregación urbana en los márgenes del Saladillo.
La decisión del Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro) de poner en manos de privados este activo estratégico pone en debate el verdadero modelo de desarrollo que impulsa el Estado provincial. Mientras las promesas oficiales hablan de dinamizar el empleo local, la experiencia en la franja costera demuestra cómo el patrimonio público se encamina hacia la explotación comercial sin que eso se traduzca en soluciones concretas para las deudas habitacionales del barrio. La licitación de El Mangrullo se convierte así en una nueva prueba de fuego donde la ciudadanía exige control riguroso y transparencia frente a las decisiones políticas que entregan la costa a intereses corporativos.
