Leonardo Ramón Rivero enfrenta un pedido de 17 años de prisión como acusado de liderar el asalto comando que paralizó a la pequeña localidad del departamento San Jerónimo. La demora judicial expone la parsimonia de los procesos penales ante golpes delictivos de alto impacto en la provincia.
A más de una década de uno de los atracos más audaces registrados en el territorio santafesino, el fuero penal de la capital provincial dará inicio al juicio oral y público contra el acusado de liderar la banda que copó de manera simultánea las instituciones clave del pueblo de Bernardo de Irigoyen. El proceso pondrá a prueba la capacidad del sistema judicial para sancionar un hecho que expuso las severas vulnerabilidades de seguridad en el interior provincial.
Aquel 4 de marzo de 2016, al menos seis personas fuertemente armadas irrumpieron en la localidad de poco más de 2 mil habitantes. En un raid coordinado de extrema violencia, redujeron al personal de la Comisaría Novena, encerraron al juez comunal en un sanitario, golpearon al presidente comunal en su despacho, tomaron rehenes en un local de cobro de servicios y asaltaron la oficina del Correo Argentino, antes de darse a la fuga con dinero en efectivo y pertenencias.
El debate se desarrollará ante un tribunal integrado por los jueces María Celeste Minniti, Pablo Sebastián Ruiz Steiger y Héctor Aiello. El fiscal Omar De Pedro sostendrá la acusación contra Leonardo Ramón Rivero, un ciudadano bonaerense de 54 años para quien solicitará 17 años de prisión por los delitos de robo calificado por uso de arma de fuego en poblado y en banda, privación ilegítima de la libertad y jefatura de una asociación ilícita dedicada a ejecutar asaltos planificados en distintas provincias.
El expediente —que ya cuenta con dos integrantes condenados mediante juicios abreviados en 2022 y un delincuente abatido durante la persecución posterior al hecho— deja al descubierto no solo la logística de bandas interprovinciales que operaban con inteligencia previa en la región, sino también los prolongados plazos de la burocracia judicial para llevar a debate oral causas de gravedad institucional.
