La Cámara de Senadores de Santa Fe dio un golpe sobre la mesa e insistió con el texto original de la norma para prohibir la actividad de los cuidacoches en el territorio provincial. La iniciativa, promovida por el senador del departamento Rosario, Ciro Seisas, obtuvo la sanción definitiva de manera unánime con 16 votos afirmativos, marcando un viraje en el abordaje del uso y la seguridad del espacio público.
El nuevo marco legal modifica de manera directa el Código de Convivencia de la provincia al incorporar las figuras de sanción para la ocupación no autorizada de la vía pública con fines de cobro, lavado o cuidado de vehículos. Sin embargo, la aplicación efectiva quedará supeditada a la decisión política de cada intendencia, ya que se estableció un esquema de adhesión al que deberán sumarse los concejos deliberantes locales.
Arresto y trabajo comunitario: los alcances de la sanción
La norma votada endurece las respuestas del Estado e incorpora penas concretas para quienes ejerzan la actividad en municipios que adhieran a la prohibición:
- Sanción inicial: De 2 a 10 días de trabajo comunitario y la prohibición expresa de concurrir a la zona donde se cometió la falta.
- Agravante por reincidencia: De 10 a 20 días de arresto efectivo.
El dictamen apunta a erradicar tanto las exigencias económicas de carácter extorsivo como la explotación informal de las calles. De forma paralela, el texto legal contempla el abordaje social de la problemática mediante programas de formación laboral, intermediación de empleo y asistencia ante consumos problemáticos para quienes dependan de este ingreso.
La presión de los vecinos y el debate por las autonomías
El debate expuso las tensiones acumuladas entre la demandada seguridad ciudadana y la potestad de las gestiones locales. «Esto no nació en un escritorio: nació en los reclamos de cientos de vecinos y vecinas. La provincia les dice a los municipios que los acompaña para ordenar el espacio público», sostuvo Seisas al defender la insistencia del texto original frente a las modificaciones que pretendía la Cámara de Diputados.
Con la ley ya sancionada, el foco del conflicto se traslada a las intendencias de Santa Fe, Rosario y los principales centros urbanos de la provincia, que deberán definir de inmediato si adhieren al régimen provincial para ejecutar las sanciones o si mantienen sus propios esquemas de control vial.
